El ‘coladero’ del virus: el Gobierno admite una próxima avalancha de ilegales pero rechaza hacerles PCR
El Gobierno de Pedro Sánchez y el Ministerio del Interior prevén un «aumento considerable» de la presión de la inmigración ilegal sobre las costas españolas. Una avalancha que se complicará a «medio-largo plazo» por los efectos de la pandemia del COVID-19, tal y como admite el Ejecutivo socialista en un documento oficial. Y mientras tanto, el Gobierno sigue sin considerar indispensables las pruebas PCR en el punto de llegada de las pateras. El descontrol ya ha provocado incluso nuevos brotes después de que algunos inmigrantes recién llegados, asintomáticos, hayan sido enviados a otros puntos de España. Sin tests ni cuarentenas.
Así viene definido en el nuevo Real Decreto 734/2020, de 4 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior: «La situación migratoria actual, unida a la pandemia del COVID 19, y a la previsible tendencia para un futuro a medio y largo plazo del fenómeno migratorio, hace prever que los flujos migratorios aumentarán considerablemente, tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico».
La oleada de inmigración que está llegando a las fronteras marítimas del país ha encendido las alarmas en el Gobierno. Y es que, según describen, tan sólo acaba de empezar. La situación va a empeorar considerablemente en un futuro próximo. La creciente incidencia de la pandemia del coronavirus en las economías africanas irá en aumento y provocará que la presión migratoria se dispare. Y España está en el centro de la diana.
Nuevo mando antiinmigración
A consecuencia de ello, Interior acaba de crear un nuevo Mando de Fronteras y Policía Marítima, con nivel orgánico de subdirección general y a cargo de un teniente general de la Guardia Civil. Será la autoridad que coordine toda la acción de vigilancia en aguas del Estrecho, Mar de Alborán y Canarias.
El Gobierno ya ha dado luz verde a la reestructuración orgánica en la Guardia Civil mediante la publicación del Real Decreto en el Boletín Oficial del Estado de este miércoles.
Sin PCR a las pateras
El Gobierno sabe desde el pasado mes de junio que la entrada de inmigrantes ilegales se ha convertido en una puerta abierta a los rebrotes de coronavirus. Pese a ello, ha decidido distribuir por España a los indocumentados que han ido llegando en patera sin hacerles test PCR generalizados.
Así lo reconocía el propio Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en un documento firmado el pasado 23 de junio y al que tuvo acceso OKDIARIO. Un documento en el que describe el protocolo que se emplea con los inmigrantes llegados a España de forma ilegal y que apunta a que las pruebas diagnósticas sólo se realizan «cuando sea necesario». Sin señalar nada más.
El texto aparece recogido en una contestación por escrito del Gobierno a requerimiento del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados. En él se detalla que el protocolo con los inmigrantes ilegales que se sigue a día de hoy es el siguiente: «Dicho protocolo contempla, entre otros, el procedimiento de recepción, acogida y posterior derivación, estableciendo la obligación de adoptar medidas de distancia social, aislamiento y lavado de manos, utilización de equipos de protección individual, pruebas diagnósticas cuando sea necesario, identificación de casos positivos y trazabilidad y cuarentena de los contactos, así como en la formación del personal».
Es decir, a los cientos de inmigrantes llegados por mar a territorio español en las últimas semanas se les ha hecho el test de manera discrecional, dependiendo en último término de la disponibilidad de pruebas PCR en el lugar donde son atendidos o a los criterios aplicados por cada responsable de área. No se realizan de forma generalizada para tratar de detectar posibles caso, que alcanzan a día de hoy un 60% de asintomáticos, antes de reenviarlos a otros puntos del país.
Brotes por descontrol
Esta situación ha provocado en las últimas semanas algunas situaciones preocupantes en medio de la alarma nacional por los rebrotes del Covid. Así ocurrió, por ejemplo, en un brote detectado en junio en Navalmoral de la Mata (Cáceres), donde un grupo de medio centenar de magrebíes dio positivo por coronavirus.
El origen de este foco, tras la investigación epidemiológica correspondiente, se localizó en un inmigrante llegado en patera a Almería en mayo, que posteriormente fue enviado por la Delegación del Gobierno a Extremadura sin hacer test ni alertar.
El paciente que fue identificado como el origen del brote, además, se dio a la fuga y se tuvo que instar una orden de busca y captura. Desde su llegada no fue sometido a ningún test PCR. La Junta de Extremadura tampoco le hizo test PCR en su reasignación por el Gobierno en Navalmoral.
«No son un riesgo»
El Gobierno continúa defendiendo que los inmigrantes llegados de forma irregular y sin controles eficaces de coronavirus no suponen «un riesgo para la salud pública».
Así lo sostuvo el Ejecutivo en una respuesta por escrito en el Senado, firmada a finales de junio y recogida por OKDIARIO. En esos días se había conocido además la fuga de varios contagiados, y también la llegada a las costas españolas de infectados en pateras. La Consejería de Salud de Murcia informó que siete de los 83 irregulares procedentes de Argelia dieron resultado positivo en las pruebas PCR.
«Debe indicarse que la llegada de personas migrantes en situación vulnerable no supone ningún riesgo para la salud pública, al estar prevista su acogida en el marco del programa de atención humanitaria», indicaba el PSOE en el Senado.
Críticas en la Guardia Civil
Desde la propia Guardia Civil ya han dado la voz de alarma por el descontrol que se está viviendo en las costas españolas. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Almería, uno de los puntos más afectados por el aumento de la presión migratoria, reclama a las diferentes autoridades competentes y administraciones «la implantación de medios técnicos y humanos» para «combatir la avalancha de pateras que llega a las costas de Almería» ya que tras «varios escritos» dirigidos algunos de ellos a la Comandancia han obtenido «solo silencio por respuesta».
La entidad echa en falta de un «protocolo sanitario específico» para «tratar e identificar a los inmigrantes que puedan ser portadores de la covid-19»; un aspecto en el que han coincidido en el sindicato de Policía Nacional Jupol, desde donde reclama «medidas de seguridad» y «efectivos suficientes para poder hacer frente a la oleada de pateras que están llegando a las costas españolas».
Por su parte, la Unión de Oficiales, asociación profesional de la Guardia Civil que representa a los cuadros de mando, también alertó de una «brecha sanitaria por la entrada de pateras», ya que en algunos cuarteles del litoral hay escasez de agentes debido al aislamiento domiciliario por contactos cercanos con el coronavirus.
Sánchez se lava las manos
Y mientras, el Gobierno de Pedro Sánchez no quiere saber nada de la avalancha de inmigrantes ilegales que está alcanzando las costas de Andalucía. Pese a que el propio Ministerio de Interior reconocía el «importante» número de pateras que alcanzan la comunidad, la delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García, señaló que es una materia que «corresponde a la Consejería de Salud» al entender que se trata de un asunto «de salud pública y no de inmigración».